México ha decidido no incluir el término "madre buscadora" en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a pesar de una orden de la Corte IDH para integrar este concepto. El gobierno argumenta que la legislación actual ya protege la labor de estas mujeres y que la inclusión específica de este término no es necesaria. Esta decisión ha sido percibida como una "traición al dolor" por parte de colectivos y familiares de personas desaparecidas, quienes reclaman la indiferencia de las autoridades ante su incansable búsqueda. La falta de reconocimiento oficial genera preocupación sobre el apoyo y la protección que recibirán estas activistas en su crucial labor.