Las muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, particularmente de ciudadanos mexicanos, evidencian un patrón preocupante exacerbado por las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. En 2025 se registraron 31 fallecimientos, la cifra más alta en dos décadas, y en lo que va de 2026 suman 14, de los cuales 14 connacionales representan el 35% del total, en un contexto de casi 60 mil detenidos. Casos como el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, clasificado como suicidio, y otros con denuncias de negligencia médica y condiciones insalubres, como los de José Guadalupe Ramos-Solano y Alberto Gutiérrez Reyes, exigen una investigación exhaustiva. El gobierno mexicano ha respondido con notas diplomáticas, un escrito amicus curiae contra el centro de Adelanto, California, y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque el alcance de estas acciones es limitado debido a la postura de EE.UU. hacia los mecanismos internacionales. Se propone una estrategia complementaria que incluya la coordinación con otros países afectados y litigios estratégicos en cortes federales estadounidenses, que han demostrado ser efectivos para frenar medidas migratorias violatorias de derechos.