El gobierno de México ha rechazado categóricamente el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, calificándolo de "tendencioso" y argumentando que sus conclusiones no se alinean con la propia definición de desaparición forzada del comité. México critica que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro estados. El gobierno mexicano afirma que el comité ha tomado una decisión "parcial y sesgada", omitiendo los avances institucionales logrados desde 2019 y especialmente desde 2025, y reitera su firme postura de no tolerar, permitir ni ordenar desapariciones forzadas.