María Guadalupe Sánchez, una mujer de 61 años con discapacidad visual y auditiva, enfrenta un proceso penal por despojo para permanecer en su precario hogar de menos de seis metros cuadrados en la colonia Moderna, Ciudad de México, donde ha vivido toda su vida. Su abogado, Hugo Torres, denuncia un patrón de despojo y fraude procesal en alcaldías gobernadas por la oposición, involucrando a funcionarios y esquemas inmobiliarios que promueven propiedades "irregulares" antes de que los habitantes históricos sean notificados. Lupita ha sufrido amenazas, presiones y un proceso judicial que la obliga a firmar periódicamente, a pesar de su condición y su negativa a abandonar el lugar que considera su hogar, donde murieron su hermana y madre. La defensa busca una revisión del caso ante diversas instancias gubernamentales, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia, y ha presentado quejas contra la jueza.