La Contraloría General de la República emitió un dictamen que concluye que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó de manera ilegal al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI). El 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de asumir el cargo, Steinert emitió un oficio reservado en el que pedía un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado. La solicitud incluía nombres completos, cédulas de identidad, grados de los funcionarios trasladados o cesados en sus funciones investigativas, así como los fundamentos de los traslados y sus destinos actuales.