El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, reconoció una deuda de aproximadamente $220.000 millones con empresas de obra pública por trabajos realizados desde 2022. Ante la imposibilidad de saldar esta deuda con fondos presupuestarios debido a la necesidad de mantener el superávit fiscal, se ofreció un plan de pago alternativo. Las constructoras que adhieran voluntariamente a este régimen recibirán tres bonos del Tesoro en pesos con vencimientos entre octubre de 2024 y abril de 2027. La adhesión implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales vinculados a los contratos y a futuros créditos.