Organizaciones ambientales y de la sociedad civil, incluyendo Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking, han acusado a las autoridades federales de ocultar información sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Según su análisis, basado en evidencia satelital y operativa, el derrame comenzó el 6 de febrero en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) llamado “OLD AK C”, y no en marzo como afirmó el gobierno. Señalan que un buque especializado de Pemex operó en la zona durante ocho días a partir del 7 de febrero, mientras una mancha de hidrocarburo crecía hasta casi 300 kilómetros cuadrados para el 19 de febrero. La falta de alerta oportuna impidió a las comunidades costeras prepararse, agravando los daños ambientales y económicos en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con al menos 630 kilómetros de litoral afectado para el 21 de marzo.