Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de no respaldar la extensión automática del T-MEC, diversas organizaciones sociales, sindicatos y movimientos opositores han emitido un pronunciamiento urgente. La Asamblea de Incidencia del T-MEC y otras treinta organizaciones exigen que la nueva etapa del acuerdo comercial priorice los derechos humanos, la justicia social, la protección ambiental y la soberanía alimentaria. Los firmantes advierten que las revisiones anuales no deben ser utilizadas como mecanismos de presión para debilitar la soberanía nacional o los derechos laborales y regulatorios de México. Se solicita la creación de una Mesa Permanente de Participación Social que incluya a la sociedad civil, pueblos indígenas y sindicatos. El objetivo es evitar que el modelo comercial profundice las desigualdades y asegurar que las decisiones de la administración de Claudia Sheinbaum protejan la biodiversidad y la estabilidad laboral.