OpenAI estaría en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para cederle una participación del 5% de su propiedad, potencialmente a través de un fondo de inversión público dedicado, similar al Fondo Permanente de Alaska. Esta propuesta surge mientras la compañía se prepara para una oferta pública inicial que podría valorarla en 1 billón de dólares. La medida se considera un intento estratégico de alinearse con la administración Trump, que ha aumentado el escrutinio sobre las empresas de inteligencia artificial debido a preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la concentración de riqueza. Al ofrecer una participación, OpenAI busca enmarcar su crecimiento como un beneficio público, distribuyendo potencialmente las ganancias directamente a los ciudadanos. Si bien esto podría mitigar los riesgos regulatorios y compensar los enormes costos de infraestructura, los críticos advierten que la participación del gobierno podría comprometer la independencia corporativa o generar demandas similares de otras naciones, complicando la expansión del mercado global para los líderes estadounidenses de IA.