El Ministerio de Justicia, a través del INPE, adjudicó un contrato de S/192 millones al Consorcio Infra Penal Arequipa para la ampliación y modernización del penal de Arequipa, con el objetivo de reducir el hacinamiento y aumentar la capacidad a 1,600 internos. El consorcio está integrado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC, empresas que han sido sancionadas previamente con inhabilitaciones temporales para contratar con el Estado. Según el reportaje de Cuarto Poder, el consorcio no figuraba formalmente ante la Sunat al momento de la convocatoria y su domicilio registrado carece de actividad. El presupuesto del proyecto ha quintuplicado su valor inicial desde 2011.