El gobierno federal mexicano prepara un ajuste al gasto público para mitigar el impacto del incremento en los precios del petróleo, causado por el conflicto en Medio Oriente, y así evitar un "gasolinazo". Analistas sugieren recortes en gasto corriente e inversión física, sin afectar programas sociales ni la operación pública. A diferencia del sexenio anterior, México cuenta con un colchón de 127 mil millones de pesos en fondos de estabilización. La Presidenta Sheinbaum revisa semanalmente ingresos y egresos para identificar recortes, destinando aproximadamente 5 mil millones de pesos semanales al subsidio de gasolinas y diésel. Se planea una reducción neta de 100 mil millones de pesos al gasto neto presupuestario. La inversión pública presenta una caída debido a factores internos, como la afectación de la confianza en el Estado de derecho, especialmente tras la reforma judicial, en un contexto de tensión geopolítica y deterioro fiscal. Los subsidios a combustibles se mantendrán sin fecha de término, financiados por presupuestos previamente aprobados para otros fines, excluyendo recortes a becas y programas sociales.