El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció que el Gobierno llevará a cabo una revisión total de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social de octubre de 2019. Esta medida surge tras la polémica generada por un hombre en Ovalle, detenido por tráfico de fentanilo, que figuraba como beneficiario de este subsidio. Pavez aclaró que la pensión de dicha persona fue revocada en enero de 2026 y subrayó que el departamento de Acción Social investigará casos similares para asegurar la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Esta acción coincide con una solicitud de parlamentarios de la UDI, liderados por Jorge Alessandri, quienes propusieron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, revocar los beneficios a personas con antecedentes penales, buscando evitar que individuos con delitos graves accedan a estas ayudas estatales.