La semana pasada, el Gobierno chileno y diversas autoridades levantaron una alerta nacional por la presunta desaparición de 64 niños haitianos que habían ingresado al país, lo que desató temores sobre una posible red de trata de personas. La Moneda convocó de emergencia a los tres poderes del Estado y se iniciaron investigaciones, mientras organismos como Unicef se pronunciaron sobre el caso. Sin embargo, todo se originó en un preinforme de la Contraloría que, al buscar a 105 niños llegados en 2025 a las direcciones registradas, no pudo ubicar a 64 de ellos. La información fue malinterpretada por políticos y medios, que presumieron que los menores eran víctimas de tráfico, pese a que el documento no era concluyente.