A dos semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha intensificado el uso de decretos para impulsar sus reformas, enfrentándose a la oposición del Congreso y la Rama Judicial. La tensión escaló tras la decisión del Consejo de Estado de frenar el traslado de 5 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones. En respuesta, Petro anunció la emisión de nuevos decretos y resoluciones para, según él, defender el ahorro público y cumplir el mandato popular, arremetiendo contra las AFP y acusando a opositores como Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella de intentar apropiarse de fondos pensionales. Paralelamente, Petro defendió la política de paz total y la autorización para trasladar miembros de grupos armados a zonas de ubicación temporal, pese a las objeciones de la Fiscalía y exfuncionarios.