Desde la sede de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro reaccionó formalmente a la decisión de la representante Gloria Elena Arizabaleta, quien ordenó su suspensión provisional. Esta medida se deriva de una investigación en curso que busca determinar si el mandatario incurrió en una posible participación en política, acción que estaría prohibida según el marco legal vigente. Petro rechazó tajantemente la suspensión, argumentando que la decisión no se basa en hechos que constituyan una infracción real, sino que está motivada por razones estrictamente ideológicas. El presidente sostuvo que el intento de suspenderlo es una consecuencia directa de poseer un pensamiento diferente al de sus detractores, negando rotundamente haber realizado cualquier tipo de intervención política que amerite dicha sanción administrativa o legal en el ejercicio de sus funciones.