El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado enérgicamente una orden judicial emitida por un juzgado laboral de Medellín que le prohíbe usar canales y recursos oficiales para hablar de política electoral. Petro considera que esta medida, adoptada mientras se estudia una acción de tutela en su contra, limita su capacidad de expresarse sobre temas de interés público y representa un intento de silenciarlo. La orden judicial, firmada por la jueza Anny Carolina Goenaga Peláez, especifica que el presidente no debe emplear alocuciones oficiales, eventos públicos ni su cuenta de X (@petrogustavo) cuando se utilice para la función pública, para favorecer o perjudicar a candidatos. El mandatario solicitó a sus abogados actuar de inmediato y defendió sus intervenciones públicas como denuncias de hechos delictivos, no como promoción de candidaturas, recordando su deber constitucional de reportar delitos. El incumplimiento de la medida provisional podría acarrear sanciones por desacato.