La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima está investigando a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, y a otros funcionarios, junto con el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo, dueño de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., por presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales. Las pesquisas se centran en irregularidades en la licitación del servicio de despliegue de material electoral para las Elecciones Generales 2026, que resultó en un contrato superior a los S/6.3 millones para Galaga S.A.C. La fiscalía señala un "vacío" en los Términos de Referencia (TDR) respecto al número de vehículos, lo que habría permitido el favorecimiento de la empresa, la cual incumplió con la entrega del material. Se cuestiona la exigencia de solo 40 vehículos propios, cuando se necesitaron 434 solo para Lima Metropolitana, y la acreditación de transportes posterior a la buena pro, lo que genera propuestas sin sustento.