El gobierno federal ha implementado una estrategia para que los estados aprueben el Plan B de reforma constitucional antes del 31 de marzo de 2026, con el fin de asegurar el presupuesto de 2027. La iniciativa busca reducir el número de regidores en los ayuntamientos a un máximo de 15, afectando a al menos 59 municipios con estructuras actuales de 20 a 30 regidores, y anular bonos y estímulos para el personal de institutos y tribunales electorales locales. La Secretaría de Gobernación (Segob) lidera la operación política con los gobiernos estatales, estableciendo un calendario estricto que incluye el aval de la Cámara de Diputados para el 8 de abril y el voto aprobatorio de al menos 17 congresos locales para el 13 de abril, culminando con la declaratoria de validez oficial por el Congreso de la Unión el 18 de abril.