El "Plan B" de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha alcanzado la constitucionalidad tras ser aprobado por al menos 17 congresos locales en menos de 24 horas, un requisito fundamental para su entrada en vigor en México. Esta reforma, que busca simplificar la votación y reducir candidatos, incluye medidas como limitar los salarios de consejeros y magistrados electorales para que no superen la remuneración de la presidenta de la República, basándose en principios de austeridad. Aunque la iniciativa federal fue aprobada, un punto clave que quedó fuera de esta versión final fue el cambio en los periodos para realizar la revocación de mandato. El proceso ahora requiere la emisión de una declaratoria de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial.