La aprobación parcial del Plan B electoral, que busca un ahorro de 4 mil millones de pesos, representa una reconfiguración de las fuerzas políticas mexicanas de cara a los comicios de 2027. Tras varios intentos fallidos en administraciones anteriores y en la actual, la reforma se centra en ajustes presupuestarios a congresos locales, reducción de regidurías municipales y disminución de salarios a funcionarios electos y del INE. A pesar de su carácter administrativo, la medida genera tensión entre los aliados de Morena (PT y PVEM), quienes expresaron reservas sobre recortes y la revocación de mandato. La reforma aún requiere aprobación estatal y abre debates sobre federalismo y candidaturas.