El Gobierno de Javier Milei planea reducir los juzgados federales de Comodoro Py, encargados de investigar corrupción, de 12 a 8, y no cubrir las cuatro vacantes actuales. Esta medida, similar a la proyectada para la Cámara Federal de Casación Penal (de 13 a 9 jueces), busca optimizar recursos ante la disminución de causas y redistribuir el poder judicial. Los juzgados federales porteños manejan casos de funcionarios públicos, narcotráfico y lavado de dinero, pero los expedientes han bajado a unos 100 por juzgado. Históricamente, estos tribunales se expandieron bajo Carlos Menem para diluir el poder de los jueces, y hoy su estructura está en revisión, con concursos en curso y vacantes que el Ejecutivo pretende dejar sin cubrir para concentrar influencia.