El Poder Judicial, a través del juez Manuel Chuyo, dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, y otros cinco investigados por el presunto delito de colusión agravada en el marco del escándalo por la demora en la entrega de material electoral en las elecciones del 12 de abril. La Fiscalía, representada por los fiscales Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moisés Quispe, sustentó el pedido en un posible peligro de fuga y en la necesidad de que los investigados permanezcan en Perú para esclarecer los hechos. Se investiga un presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC en la contratación del transporte electoral, con modificaciones en los términos de referencia y una evaluación arbitraria que habría causado un perjuicio patrimonial estimado en S/469,404.75. La defensa de Corvetto, a cargo de Julio Arbizu, se allanó al pedido para colaborar con la investigación.