La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció al activista Jorge Ugarte Olivera por los delitos de sedición y acoso agravado, tras la protesta del 30 de abril. El organismo electoral sostiene que Ugarte traspasó los límites de la libertad de expresión al incitar a un "golpe cívico militar" y pedir a las Fuerzas Armadas que tomen el control, con el fin de impedir que el JNE y su presidente, Roberto Burneo, ejerzan sus funciones. Además, se le acusa de liderar el "asedio" a la vivienda particular de Burneo en San Isidro, donde unos 500 manifestantes difundieron datos sensibles del domicilio en redes sociales, vulnerando su privacidad y seguridad. Ante estos hechos, el JNE solicitó garantías para los magistrados, patrullaje preventivo y la identificación de quienes proporcionaron la dirección del domicilio.