La implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada en Chile enfrenta un grave problema, ya que más de 33 mil guardias, cerca del 10% de los 300 mil trabajadores del sector, aún no han completado su proceso de acreditación antes de la fecha límite del 28 de mayo. Esto se debe a dificultades operativas en la plataforma de registro y certificación, así como a un cuello de botella en la toma de exámenes por parte de Carabineros, quienes disponen de recursos limitados en las oficinas de OS-10. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, reconoció estos inconvenientes, señalando que tanto trabajadores como empresas no han podido finalizar los trámites necesarios. Para mitigar esta situación y evitar despidos masivos, el Gobierno ha presentado una ley corta para extender el plazo, la cual ya está en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.