Un grupo de apoderados y la Agrupación Social Fuerza y Unión de Derechos Humanos (FUDH) presentaron un recurso de protección contra el Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, acusando a la dirección de omitir denuncias previas de bullying y maltrato escolar. La acción judicial, presentada el 2 de abril de 2026, busca la suspensión de los directivos mientras se investigan las presuntas negligencias que, según los denunciantes, podrían haber evitado el mortal ataque perpetrado el 27 de marzo por un alumno de 18 años. La FUDH ha recibido denuncias desde 2023 sobre acoso, maltrato docente y expulsiones arbitrarias, y señala que el colegio se ha negado a mediar en estos casos, incluso cuando la Superintendencia de Educación intentó facilitar procesos de resolución.