La Procuraduría convocó un espacio de diálogo interinstitucional en Quibdó, Chocó, para evaluar la respuesta del Estado ante los confinamientos que afectan a diversas comunidades étnicas. Esta iniciativa busca consolidar insumos territoriales que permitan optimizar la operatividad y eficacia de la política pública de atención a víctimas, siguiendo los lineamientos del Decreto 525 de 2025. El ente de control enfatizó que las instituciones nacionales y territoriales deben activar inmediatamente las rutas de atención, garantizar la toma de declaraciones y entregar ayuda humanitaria con un enfoque diferencial étnico. Para lograrlo, se establecieron mesas técnicas destinadas a identificar fallas críticas y rescatar buenas prácticas. El objetivo final es emitir recomendaciones de ajuste normativo e institucional que aseguren que el Estado cumpla con los marcos legales y las sentencias de la Corte Constitucional.