Eufrosina Cruz Mendoza, activista indígena zapoteca y fundadora de la organización Todas y Todos, insta a México a tipificar los matrimonios infantiles y la cohabitación forzada como delitos graves, argumentando que la prohibición actual sin sanciones penales es ineficaz. Señala que estas prácticas, a menudo justificadas como "usos y costumbres", constituyen abuso sexual infantil y trata de personas, comparando la falta de castigo con la sanción existente para la tenencia de mascotas exóticas. Cruz Mendoza, quien se negó a un matrimonio arreglado a los 13 años, destaca que la falta de penalización permite el tráfico de niñas y que esta problemática, que afecta a 36 niñas diariamente, no se resolverá automáticamente con la llegada de una mujer a la presidencia, sino con la acción legislativa para imponer penas de 15 a 22 años de prisión.