El presidente de Argentina, Javier Milei, está impulsando en secreto una reforma de la Ley de Medios sancionada en 2009 durante el mandato de Cristina Kirchner. El proyecto, que circula entre un reducido grupo de funcionarios, se basa en dos ejes principales: declarar a los periodistas como Personas Expuestas Políticamente (PEP), obligándolos a presentar declaraciones juradas, y desmantelar la estructura regulatoria de la norma original. La intención es reducir significativamente la intervención estatal en el sector de medios y telecomunicaciones, eliminando regulaciones consideradas "bolivarianas" y liberando el mercado. Si bien inicialmente se consideró una resolución, se optó por un proyecto de ley para asegurar su viabilidad legal, buscando revertir de plano el espíritu de la ley kirchnerista.