El Gobierno del presidente Gustavo Petro implementó una estrategia de contratación directa con organizaciones comunitarias, como juntas de acción comunal y cabildos indígenas, a través de las "Asociaciones Público Populares" aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo era fortalecer la economía popular y facilitar el acceso a contratos estatales para obras de infraestructura social, vivienda rural y vías terciarias, excluyendo la necesidad de licitaciones. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos que permitían esta modalidad, argumentando que el ejecutivo se extralimitó al crear un mecanismo sin reglas claras, afectando la transparencia y la libre competencia. Recientemente, se reveló que se adjudicaron más de 80.700 contratos por un valor superior a $31 billones, lo que ha generado debate sobre el uso de recursos públicos y la posible influencia política, dado que muchas organizaciones beneficiadas son afines al Pacto Histórico. Adicionalmente, la Contraloría General de la República ha señalado problemas en la ejecución de estos contratos, con avances lentos en muchas obras.