Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, denunció el 28 de marzo de 2026 un plan para asesinar a los fiscales e investigadores del caso. La familia identifica a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc, como responsable de ofrecer sumas millonarias para atentar contra los funcionarios judiciales, buscando así silenciar la investigación y generar impunidad. Uribe Londoño calificó el magnicidio como un crimen de lesa humanidad y solicitó medidas urgentes de seguridad para los investigadores y sus familias, además de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares. La denuncia pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para proteger la justicia y la democracia en un contexto electoral sensible.