El dirigente comunal Santiago Guardamino Gonzáles fue asesinado por sicarios el 1 de abril de 2024 en Carabayllo, Lima, tras denunciar a Industrias Argüelles por la compra fraudulenta de 10.000 hectáreas en Quipán (Canta), donde la empresa instaló un relleno sanitario. El fiscal Renato Lavy Cora archivó el caso por falta de pruebas sin peritar los cuatro celulares de la víctima, a pesar de las amenazas de muerte recibidas. La familia apeló y el fiscal provincial Jesús Dávila Rojas reabrió la investigación el 28 de abril, ordenando pericias informáticas forenses para identificar a los responsables. Guardamino había logrado condenas contra el expresidente de la comunidad y la gerente de la empresa por documentos fraguados, y se investigaba al dueño Aniceto Argüelles por sobrevaloración del terreno; Industrias Argüelles, importante contratista de limpieza pública, negó vínculos con el homicidio.