La registradora de la Sunarp, Carmen Martínez Galván, fue detenida tras descubrirse su participación como "topo" en una mafia dedicada a la usurpación de inmuebles de personas fallecidas. A cambio de pagos mensuales de entre US$4 mil y US$5 mil, Martínez validaba documentos fraudulentos, facilitando la apropiación ilícita de propiedades. Sus comunicaciones por WhatsApp con Daniel Castillo Díaz, mano derecha del cabecilla Luis Pérez Delgado "Tío Luigi", fueron cruciales para su delación. La investigación se inició tras el asesinato de Castillo y reveló cómo la organización utilizaba información filtrada, documentos falsificados e influencias judiciales para consumar los despojos, siendo Martínez una pieza fundamental para dar apariencia de legalidad a estas transacciones ilegales durante más de una década.