La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México no protegerá a ningún funcionario implicado con el narcotráfico, pero enfatizó que cualquier acción legal contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe basarse en pruebas materiales que las autoridades de Estados Unidos aún no han presentado de forma suficiente según el tratado bilateral de extradición vigente. Sheinbaum Pardo explicó que el sistema penal mexicano exige evidencias sólidas para ejecutar una orden de aprehensión, y la Fiscalía General de la República inició su propia investigación. La acusación formal contra Rocha Moya por parte de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, presentada el 29 de abril de 2026, incluye cargos de conspiración para importar y distribuir drogas, posesión de armamento, corrupción y apoyo electoral ilícito a "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado categóricamente los cargos, y la FGR descartó una detención provisional por falta de pruebas suficientes en la solicitud estadounidense.