Un informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia chileno sugiere que el exvertedero de Macul, en la Región Metropolitana, podría ser el sitio de inhumaciones clandestinas de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre septiembre de 1973 y principios de 1974, tras el golpe de Estado. El documento, que reúne testimonios, antecedentes judiciales y análisis territorial, delimita una zona de interés donde se cree que yacen restos humanos. Testimonios de vecinos describen la llegada de camiones militares con cuerpos, algunos desnudos y con impactos de bala, que eran arrojados y cubiertos con basura y tierra por maquinaria pesada. Las posibles víctimas incluyen pobladores y trabajadores, algunos provenientes de centros de detención como los estadios Chile y Nacional. La ministra en visita Paola Plaza tiene en su poder el informe y la decisión de ordenar las pericias necesarias, aunque el terreno ya no pertenece al Estado, lo que complica las futuras excavaciones.