La Corte Suprema ha emitido un informe crítico sobre la ley de Reconstrucción Nacional, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, señalando la necesidad de “ajustes relevantes”. El máximo tribunal advierte sobre riesgos ambientales, fiscales y jurídicos, enfocándose particularmente en las modificaciones al régimen de evaluación ambiental y al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Si bien reconoce objetivos atendibles como la certeza jurídica y la especialización jurisdiccional, la Corte considera que la regulación propuesta requiere ajustes de coordinación normativa y precisión competencial. Un punto de controversia es la propuesta de que el Fisco asuma costos por resoluciones anuladas, lo cual la Corte sugiere regular con exigencias más estrictas para evitar que el Estado se convierta en un asegurador general del riesgo regulatorio.