La Justicia federal de San Martín ha dictado una medida cautelar que suspende parcialmente la Resolución 42/2026 del Gobierno nacional, la cual había ordenado el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esta decisión judicial, presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), limita temporalmente la baja de prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial, asegurando la continuidad de programas estatales. El objetivo del gobierno de Javier Milei con la resolución original era reducir costos y simplificar administrativamente el organismo como parte de su plan de ajuste. El fallo protege provisionalmente las áreas afectadas y exige la garantía de ocupación efectiva de los trabajadores.