En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto consideró tomar represalias contra Claudio X. González, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, tras ser incluido en un "top 10" de corruptos. Peña Nieto ordenó auditorías a González y a organizaciones civiles asociadas, pero finalmente decidió no proceder para no perjudicar a otras ONGs. Sin embargo, el régimen actual, liderado por López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha tomado medidas drásticas contra decenas de organizaciones de la sociedad civil, cancelando la deducibilidad de impuestos de sus donativos, lo que representa un golpe del 70% a sus ingresos. Este acto es interpretado como una venganza política por sus posturas críticas en temas de corrupción, salud, medio ambiente, educación e infraestructura, superando incluso las acciones que Peña Nieto no se atrevió a ejecutar.