A 60 días de que Estados Unidos solicitara la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos sinaloenses por presunta asociación con el cártel de Los Chapitos, el gobierno mexicano no ha procedido a detenerlos. Ante esta inacción, el Departamento de Justicia estadounidense se prepara para declararlos "prófugos de la justicia" y posiblemente poner precio a sus cabezas, según fuentes norteamericanas. El Tratado de Extradición entre ambos países establece que México debe tomar las medidas necesarias para la aprehensión, pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido pruebas y negado la existencia de un plazo.