El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, perdieron su inmunidad procesal (fuero) al separarse de sus cargos, por lo que pueden ser detenidos en cualquier momento y enfrentar la solicitud de extradición de Estados Unidos, que los acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa. Juristas como José Elías Romero Apis, Arturo Zaldívar y Gabriel Regino coinciden en que el fuero protege la función pública y no a la persona, y que la extradición es un procedimiento administrativo, no penal, por lo que no requiere desafuero. Incluso el senador Enrique Inzunza, sin licencia, podría ser detenido bajo el mismo argumento administrativo. Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina y expresó solidaridad con Rocha, mientras el Departamento de Justicia estadounidense presiona por la entrega de los acusados.