La evidencia internacional demuestra que los riesgos de salud en contextos de prostitución no son problemas individuales, sino consecuencias directas de factores estructurales como la violencia, el estigma social y el acceso desigual a servicios médicos. Organismos internacionales señalan que la alta prevalencia de VIH e infecciones de transmisión sexual no ocurre por azar, sino por un entorno que limita sistemáticamente la prevención y la atención oportuna. Además, estudios médicos confirman una elevada incidencia de depresión, ansiedad y estrés postraumático en trabajadoras sexuales, consolidando un patrón de vulnerabilidad integral. Por lo tanto, cualquier estrategia de salud pública resulta incompleta si ignora estas barreras institucionales, pues la salud deja de ser un derecho garantizado para convertirse en una variable condicionada por la exclusión.