En los últimos cinco años, los jueces de familia de Rosario han experimentado un notable aumento en las solicitudes de traslados compulsivos para evaluaciones de internación involuntaria, pasando de 784 peticiones en 2021 a 1.316 en 2023. La Ley de Salud Mental vigente desde 2010 distingue entre internaciones voluntarias, basadas en el consentimiento del paciente, e involuntarias, que son dispuestas por los efectores de salud como último recurso terapéutico cuando el abordaje ambulatorio no es posible, siempre que exista riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros. El incremento judicial se refiere principalmente a los casos en que se requiere una orden para el traslado compulsivo, especialmente cuando el paciente se encuentra en su domicilio. Los jueces deben actuar con cautela para no vulnerar la libertad ambulatoria, y la decisión final de internación recae en el equipo de salud interdisciplinario, no en el juez, salvo excepciones penales.