El Gobierno de Santa Fe implementará un nuevo esquema para abordar el sobreendeudamiento de hogares, reduciendo el tope de descuento salarial del 50% al 25% para empleados públicos. Esta medida, impulsada por el ministro de Economía Pablo Olivares, busca recomponer ingresos disponibles y frenar el deterioro del consumo en un contexto de altas tasas de interés reales. El problema se agrava, ya que la deuda crece más rápido que los salarios, convirtiéndose en una carga para las familias. Se estima que 35.000 trabajadores públicos y 7.000 jubilados enfrentan descuentos significativos, con casos extremos comprometiendo hasta ocho o nueve salarios. El sistema de crédito por código de descuento está dominado por mutuales, muchas de ellas sindicales, que operan con márgenes amplios debido al riesgo de incobrabilidad casi nulo. El gobierno propone que mutuales gremiales refinancien deudas más caras y se analiza la intervención estatal para cubrir diferencias si las entidades no se adaptan. En el sector privado, se buscará la colaboración de bancos y empresas para refinanciar deudas de empleados, utilizando beneficios fiscales como herramienta de negociación.