Tras el feminicidio de dos maestras en Michoacán, legisladores mexicanos han propuesto medidas punitivas extremas como la pena de muerte y juzgar a adolescentes como adultos, ignorando la inconstitucionalidad y la falta de efectividad de tales enfoques. Estas propuestas, impulsadas por el enojo social, revelan la incapacidad del Estado para prevenir la violencia, fallando en la escuela, familia y comunidad, y optando por endurecer el castigo en lugar de fortalecer sistemas de protección e intervención temprana. La evidencia demuestra que el aumento de penas no previene delitos ni reduce la violencia, sino que genera una ilusión de control y debilita el Estado de derecho, confundiendo justicia con venganza y renunciando a la prevención.