El presidente Gustavo Petro abordó la controversia de una fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, ocurrida el 8 de abril, que involucró a cabecillas criminales en diálogos de paz y costó aproximadamente 500 millones de pesos, incluyendo la presencia del cantante Nélson Velásquez, licor y estupefacientes. Esta parranda, que desató críticas a la estrategia de Paz Urbana del gobierno, motivó a Petro a ordenar el traslado inmediato de los reclusos involucrados de Itagüí a otras cárceles. La mesa de paz se ha suspendido temporalmente, y siete funcionarios del Inpec también fueron suspendidos tras la denuncia de concejales de Medellín, quienes afirmaron que la fiesta celebró la próxima salida de la cárcel de Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo.