El debate electoral en Colombia se ha intensificado en los últimos 72 días previos a las elecciones presidenciales, centrándose en las garantías de seguridad y financiación para los candidatos. El presidente Gustavo Petro convocó a una reunión en la Casa de Nariño con el Consejo Nacional Electoral (CNE), observadores internacionales y la Registraduría para discutir las alertas de seguridad de los candidatos y las presuntas presiones de grupos ilegales. Petro insiste en auditar los softwares electorales, una petición que la Registraduría considera riesgosa. Paralelamente, la Registraduría realizó un simulacro electoral, destacando el blindaje del proceso y la seguridad en municipios con riesgo alto. El CNE y la Defensoría del Pueblo han expresado preocupación por la situación de orden público y las amenazas a líderes sociales y políticos. Candidatos como Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe han denunciado presiones de grupos ilegales, mientras que otros líderes señalan dificultades en el acceso a anticipos de financiación de campaña, aumentando la preocupación por la falta de garantías para los más de 41,5 millones de ciudadanos habilitados para votar.