La Secretaría de Gobernación (Segob) ha delineado un plan para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001. La CIDH determinó el 19 de diciembre de 2025 que el Estado mexicano falló en prevenir, investigar y sancionar este crimen, así como en proteger a la madre de la víctima, Norma Andrade, de amenazas. La Segob se compromete a facilitar pruebas de ADN para esclarecer la culpabilidad del único detenido, investigar el caso con debida diligencia, y mantener reuniones cuatrimestrales con Norma Andrade para informar sobre los avances. Además, se ofrecerá atención médica y psicológica a Norma y a los hijos de Lilia, y se revisarán los Protocolos Alba para la búsqueda de mujeres desaparecidas.