Cuando estalló la guerra civil en Sudán del Sur en diciembre de 2013, los funcionarios públicos enfrentaron una severa crisis política y económica. El Estado, el mayor empleador del país, contaba con más de 465.000 empleados gubernamentales en 2015, de los cuales el 85% ocupaba cargos de seguridad. El conflicto desencadenó un colapso económico: la libra de Sudán del Sur perdió casi el 90% de su valor frente al dólar estadounidense para 2015, la hiperinflación erosionó los salarios y las exportaciones de petróleo se desplomaron, dejando al gobierno en bancarrota e incapaz de pagar sueldos durante meses o incluso años. A pesar de esto, los funcionarios no renunciaron masivamente. Basado en 22 meses de trabajo de campo en el estado de Equatoria Occidental entre 2017 y 2022, el estudio encontró que los funcionarios se mantuvieron en sus puestos porque sus empleos les brindaban estatus social, acceso a redes y oportunidades como capacitaciones de ONGs, una sensación de normalidad durante el caos y una vía realista hacia un futuro empleo remunerado. La falta de alternativas, incluyendo un sector privado reducido y bajos niveles de escolaridad, también los mantuvo en sus cargos, ayudando a sostener las instituciones del Estado durante la crisis.