Cuando estalló la guerra civil en Sudán del Sur en diciembre de 2013, los funcionarios públicos enfrentaron una grave crisis política y económica. El Estado, el mayor empleador, contaba con más de 465.000 empleados gubernamentales en 2015, de los cuales el 85% ocupaba cargos en seguridad. El conflicto desencadenó un colapso económico: para 2015, la libra de Sudán del Sur había perdido casi el 90% de su valor frente al dólar estadounidense, la hiperinflación erosionó los salarios y las exportaciones de petróleo se desplomaron, dejando al gobierno en la quiebra y sin capacidad para pagar salarios durante meses o incluso años. A pesar de esto, los funcionarios no renunciaron de forma masiva. Basado en 22 meses de trabajo de campo en Equatoria Occidental entre 2017 y 2022, el estudio encontró que los funcionarios permanecieron en sus puestos porque sus empleos les brindaban estatus social, acceso a redes y oportunidades como capacitaciones de ONGs, una sensación de normalidad durante el caos y una vía realista hacia un futuro empleo remunerado. La falta de alternativas, incluyendo un sector privado reducido y bajos niveles de educación, también los mantuvo en sus cargos, ayudando a sostener las instituciones estatales durante la crisis.