Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), señala que la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum ante el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas se debe a un malentendido del concepto. Reyes explica que identificar estas desapariciones como crímenes de lesa humanidad no implica que México sea un Estado fallido, sino que se reconoce la gravedad y el patrón sistemático perpetrado por actores no estatales con posible aquiescencia estatal. La FIDH solicitó la activación del artículo 34 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, argumentando la naturaleza generalizada de las desapariciones, y destacó la necesidad de investigar la cadena de mando y la impunidad, ejemplificando casos como el de Rancho Izaguirre en Jalisco y la participación de servidores públicos en Coahuila.