El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia al acusar a un sacerdote de la Parroquia de la Sagrada Familia en Bogotá de usar el púlpito para difundir mensajes políticos anticomunistas, lo que, según Petro, ha causado incomodidad hasta en su propia familia, llegando al punto de que algunos allegados dejaron de asistir a las ceremonias. Petro solicitó la intervención de la Policía Nacional, vinculando estos discursos con la violencia política histórica en Colombia y argumentando que, si bien existe libertad de creencias, esta no debe usarse para incitar a la violencia, especialmente en contextos electorales. Estas declaraciones, hechas durante un Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño, han sido interpretadas por diversos sectores como una posible extralimitación de funciones y una presión indebida sobre la autonomía religiosa, reavivando el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado.